DEMOCRACIA, MORAL Y BIEN COMÚN
Suele suceder que con el término “democracia”, se alude equivocadamente al principio rector de la moral de los ciudadanos. Es más, también sucede que algún régimen que se autoproclama democrático, esconde un peligroso germen de autoritarismo, que se refleja –entre otras cosas- en utilizar el Parlamento para usos partidistas.
Esta forma de actuar, procede de una visión laicista y relativista, que en lugar de convivir con otras formas de pensar, no toleran (aunque repitan con frecuencia la palabra “tolerancia”) a quienes tienen otra postura en la sociedad, para lo cual no dudan en emplear métodos sectarios y excluyentes.
Donde más se refleja este sectarismo es en la educación y en la libertad de la práctica religiosa en la vida pública, para lo cual no dudan en utilizar todos los resortes que el positivismo jurídico (doctrina que no reconoce la existencia de principios éticos) pone en sus manos, pero no podemos olvidar que este positivismo jurídico es la antesala del totalitarismo.
No podemos olvidar que la autoridad está al servicio del bien común, es decir que los representantes elegidos por los ciudadanos, deben procurar conseguir las mejores condiciones de la vida social, para que esos ciudadanos puedan alcanzar su desarrollo más pleno, mediante la salvaguarda de sus derechos.
Si pensamos en la actual situación de España, lamentablemente comprobamos que democracia, moral y bien común, son términos difusos y poco practicados por parte de nuestros gobernantes.
Esta forma de actuar, procede de una visión laicista y relativista, que en lugar de convivir con otras formas de pensar, no toleran (aunque repitan con frecuencia la palabra “tolerancia”) a quienes tienen otra postura en la sociedad, para lo cual no dudan en emplear métodos sectarios y excluyentes.
Donde más se refleja este sectarismo es en la educación y en la libertad de la práctica religiosa en la vida pública, para lo cual no dudan en utilizar todos los resortes que el positivismo jurídico (doctrina que no reconoce la existencia de principios éticos) pone en sus manos, pero no podemos olvidar que este positivismo jurídico es la antesala del totalitarismo.
No podemos olvidar que la autoridad está al servicio del bien común, es decir que los representantes elegidos por los ciudadanos, deben procurar conseguir las mejores condiciones de la vida social, para que esos ciudadanos puedan alcanzar su desarrollo más pleno, mediante la salvaguarda de sus derechos.
Si pensamos en la actual situación de España, lamentablemente comprobamos que democracia, moral y bien común, son términos difusos y poco practicados por parte de nuestros gobernantes.
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